La reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ crea tensiones entre los socios de Gobierno
Bancada del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. Imagen: Flickr del PSOE.
- Más de 900 agresores sexuales se han visto beneficiados por los efectos indeseados de la normativa
- El PSOE planteó una proposición de ley para modificar la norma
La ley del ‘solo sí es sí’ entró en vigor el pasado 7 de octubre de 2022 y su principal atribución fue eliminar los conceptos de violencia e intimidación que estaban previstos en la normativa anterior, la Ley 11/1999, del 30 de abril.
Tras unos efectos indeseados, el pasado 5 de febrero, el Grupo Parlamentario Socialista dio el paso unilateral de presentar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para modificar la norma, algo que no sentó bien a sus socios de Gobierno.
“Es una buena ley, que ha cambiado el paradigma de las agresiones sexuales. Pero ciertamente, a lo largo de estos meses hemos visto que se suceden hechos que no eran el objetivo de la norma. La mejor manera de proteger la ley es hacer esos ajustes”, señaló la ministra socialista, Isabel Rodríguez.
Por su parte, desde el Ministerio de Igualdad, propulsores de la ley del ‘solo sí es sí’, alegaron sentirse molestos porque la proposición de reforma fue algo que no les comunicaron desde la bancada socialista. De haberlo hecho, afirmaron que la reforma podría haberse negociado en el seno del Ejecutivo.
¿Qué expone la proposición de los socialistas?
La iniciativa del PSOE propone volver a introducir en la ley el concepto de violencia e intimidación, términos suprimidos con la aprobación de la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad. No obstante, la iniciativa mantiene la agresión sexual como un tipo único, aunque eleva las penas para aquellos delitos que se cometan con violencia o intimidación o cuando la víctima tenga anulada, por cualquier causa, su voluntad.
En este sentido, esta propuesta retomaría la distinción anterior entre agresión sexual con o sin violencia de la normativa previa a la ley del ‘solo sí es sí’. Así, la proposición del PSOE plantea que el tipo básico de agresión se eleve a entre 1 y 5 años, dejando atrás la horquilla que va de 1 a 4 años de la normativa vigente. Además, esto también supone que el tipo más agravado pase de estar de entre 4 a 12 años a entre 6 y 12 años. En ese sentido, según afirmaron, se impedirían posteriores rebajas de penas a agresores sexuales.
De este modo, la horquilla de entre 6 y 12 años se retomaría en aquellos casos en los que se hubiese ejercido violencia sexual con penetración, y de 1 a 5 años en aquellos en los que, a pesar de que se agreda, intimide o anule la voluntad de la víctima, no la hubiera. En el texto, además, se recuperan las penas con las que se castigaban las agresiones a menores de 16 años.
Enmiendas de Unidas Podemos
El plazo para registrar enmiendas a la modificación legal de los socialistas finalizó el pasado lunes, 10 de abril, a las 18.00 horas. El grupo morado optó por presentar sus nueve correcciones parciales a escasas horas del cierre del plazo, poco después de que los principales aliados parlamentarios del Gobierno, ERC y EH Bildu, lo hiciesen el jueves anterior, 6 de abril.
«Hemos registrado enmiendas porque, pese a intentar hasta el último momento llegar a un acuerdo, es necesario mejorar la aplicación de la ley pero no retroceder ni degradar el sistema del consentimiento”, declaró la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. En este sentido afirmó que era necesario alcanzar un equilibrio político y que seguirían trabajando “por las mujeres y la infancia víctimas de violencia machista”.
Asimismo, los puntos más importantes que recogen las correcciones de Podemos inciden, entre otras, en la necesidad de reformular las penas para las agresiones sexuales cometidas contra menores de 16 años; aspecto en el que coinciden con los socialistas. Sin embargo, el PSOE propone que la pena a imponer sea de 5 a 10 años (de 10 a 15 años con penetración vaginal, anal o bucal), mientras que Podemos consideran que al ser menores de edad todas las penas deberían ser las mismas, sean agresiones sexuales con o sin violencia.
Por otro lado, plantean también modificar el agravante contemplado para casos en los que los agresores estén en situación de parentesco o convivencia, añadiendo el perfil de allegados de la víctima. Además, proponen que aspectos como la violencia e intimidación no sean determinantes para considerar si hubo o no agresión. «La violencia e intimidación pueden ser circunstancias agravantes, pero no determinar si hay o no agresión sexual», señaló Rosell.
Con estas enmiendas, Unidas Podemos espera que el PSOE “recapacite”, según apuntó Irene Montero. A pesar de ello, los socialistas apenas tardaron unas horas en mostrar su rechazo a las enmiendas registradas porque, según la portavoz socialista, Pilar Alegría, “no solucionan” el problema detectado en la norma.
Rebajas de condenas de agresores sexuales
La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del ‘solo sí es sí’, es una de las leyes más importantes para la protección de los derechos de las mujeres de los últimos 20 años. Sin embargo, esta tuvo unos efectos indeseados en la rebaja de penas a agresores sexuales.
El cambio de normativa supuso que numerosas sentencias emitidas contra estos agresores pudiesen ser revisadas, algo que conllevó, en numerosos casos, una rebaja en sus condenas. Estos hechos entrañaron una tormenta mediática, política y social y, por ello, el PSOE propuso esta reforma de la ley.
Hasta el momento, al menos 943 agresores sexuales se han visto beneficiados por los efectos accidentales de la ley desde que entró en vigor el pasado 7 de octubre, según informaron fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De estas, 103 presos han sido excarcelados antes de tiempo.
Esta es la segunda vez que el órgano de gobierno de los jueces ofrece datos sobre las reducciones de condenas ya que, el pasado 2 de marzo, el CGPJ informó de 721 rebajas y 74 excarcelaciones.
Por su parte, la Sala de lo Penal del Supremo celebrará los próximos 6 y 7 de junio un pleno para fijar doctrina sobre la revisión de sentencias firmes por la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual. La intención de este tribunal es unificar los criterios para decidir si se rebajan penas o no, ya que hay audiencias provinciales que sí lo están haciendo y otras que no.
Comentarios
Publicar un comentario