La oposición israelí tacha de antidemocrática la reforma judicial del gobierno de Netanyahu

Primer ministro israelí. Imagen: @KnessetENG vía Twitter. 

• La reforma permitiría al Gobierno anular sentencias del Tribunal Supremo respecto a la revisión o derogación de leyes impulsadas por el propio Ejecutivo
• La propuesta de pena de muerte solo para palestinos que ataquen a israelíes ha recibido una validación por parte del parlamento, a falta de otras tres

Miles de personas protestan en Israel en contra de la reforma judicial anunciada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, el pasado 4 de enero. Se trata de las movilizaciones más masivas del país en décadas. Además, estas cuentan con el apoyo de la mayoría de los opositores al partido del primer ministro Benjamin Nethanyahu.

El 20 de febrero, en el Parlamento israelí aprobó en primera instancia dos enmiendas encuadradas dentro de la reforma de la Justicia. Estas recibieron 63 votos favorables por parte de la coalición ultraderechista que ostenta el poder, frente a los 47 de la oposición. 

Se trata de la primera votación a favor, de las tres necesarias para la aprobación de gran parte de la propuesta de reforma judicial. Esto provocó que miles de israelíes protestaran en el exterior de la Knesset, el parlamento israelí. 

Una de las enmiendas traslada el poder del Tribunal Supremo al Gobierno mediante la denominada cláusula de anulación, es decir, permite que una mayoría parlamentaria simple (61 votos) pueda anular sentencias del Supremo. 

La variación supone que, para revocar las decisiones tomadas por el órgano judicial más importante del país, tan solo sería necesario obtener el más votos que la oposición, en lugar de necesitar una mayoría absoluta (obtener más de la mitad de los votos). Este modelo se inspira en los llevados a cabo en Polonia o Hungría. 

Hasta ahora el Supremo era el órgano que revisaba la legislación tras su aprobación. Por lo que si se sale adelante esta medida, el propio Gobierno podría anular una ley de revisión judicial, así como una sentencia del Supremo de derogación de una ley que, en opinión del órgano de justicia, contradiga una norma básica. 

Esta iniciativa es potencialmente peligrosa teniendo en cuenta que Israel es un país que carece de constitución. Por tanto, no habría limitaciones a la creación de leyes por parte del Gobierno, pues sería este mismo quien también tendría el poder de eliminar una sentencia contraria. 

Otra de las medidas es la de que el propio Gobierno tenga mayoría en el comité que selecciona a los jueces. Esta cuestión que, hasta ahora requería un acuerdo entre jueces, abogados y dirigentes políticos, otorga al Ejecutivo cinco de los nueve miembros del órgano seleccionador.

Más allá de la reforma judicial, Netanyahu ya ha planteado otras. Se ha validado la lectura de la ley para regularizar la pena de muerte únicamente aplicable para los palestinos que cometan ataques contra los judíos israelíes “por motivo racista o de hostilidad” y con el fin de “causar daños al Estado de Israel” y al “pueblo judío”. Se contabilizaron 55 votos a favor y 9 en contra. Sin embargo, aún debe ser votada en otras tres lecturas para ser aprobada definitivamente. 

Pretende también dar permisos de armas con mayor rapidez a los civiles que vivan en zonas ocupadas de Palestina y expandir los asentamientos en la Cisjordania ocupada. En general, el objetivo que persigue el Gobierno es incrementar la presión en contra de la sociedad palestina. 

Netanyahu acusó a los líderes de la oposición de “pisotear la democracia, no aceptar los resultados de las elecciones y la decisión de la mayoría y no condenar a manifestantes que llaman al derramamiento de sangre y desobediencia civil». 

Yair Lapid, el líder del principal partido de la oposición, dijo a la coalición en el poder: «La historia os juzgará por esta noche. Por el daño a la democracia, por el daño a la economía, por el daño a la seguridad, por el hecho de que están destrozando al pueblo de Israel, simplemente no os importa».

 

Netanyahu no puede intervenir
Dado que el primer ministro israelí está pendiente de tres juicios por presunta corrupción, la fiscal general Gali Baharav-Miara ha solicitado la no intervención de Netanyahu en las iniciativas que tienen que ver con la reforma judicial. De hacerlo estaría incurriendo en un “conflicto de interés”. 

Así, la fiscal indicó que debía “evitar dar instrucciones sobre iniciativas judiciales, ya sea de forma directa o indirecta”, ante lo que Netanyahu respondió: “No se puede evitar que el primer ministro influya la extensión de la reforma”. 

En caso de ser condenado, el dirigente israelí podría presentar una apelación ante el Supremo.

 

Mª Luisa Muñoz. Jefa de redacción.

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