La Comisión Europea amenaza de nuevo con denunciar a España por la gestión de Doñana

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, junto con Fernández-Pacheco, actual consejero de Medio Ambiente, en 2019. Imagen: Junta de Andalucía vía Flickr.

• La advertencia llega tras la propuesta de ley del Gobierno andaluz para ampliar la superficie de regadío
• El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya condenó a España en 2021 por no contribuir a la conservación del hábitat natural de la zona

La directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, envió una carta al embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, en referencia al Parque Nacional de Doñana, ayer, martes 21 de marzo. La misiva, remitida ayer, 21 de marzo,  expresó su “inquietud y estupefacción” por la proposición de ley presentada por el Partido Popular (PP) en Andalucía, que pretende ampliar las zonas de regadío.

La propuesta del presidente de la Junta, Juanma Moreno, se presentó el pasado 3 de marzo en el Parlamento con carácter urgente. El objetivo es reclasificar los suelos de la zona situada al norte de la corona forestal del espacio protegido. Esto afectaría a varios municipios de Huelva: Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.

Bruselas considera que su aprobación supondría una “violación flagrante” de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), dictada el 24 de junio de 2021. En aquel momento, España fue condenada a desempeñar sus obligaciones respecto a Doñana al ser declarada culpable de incumplir las medidas europeas de conservación de hábitats naturales.

Ahora España se enfrentaría a otro proceso judicial en el caso de que la proposición de ley salga adelante, lo que podría acarrear sanciones monetarias. “La Comisión tomaría en consideración la adopción de todas las medidas necesarias”, proclamó Fink-Hooijer en el escrito enviado a la Embajada Permanente de España ante la Unión Europea.

El contenido, filtrado parcialmente por diversos medios, también otorga el plazo de un mes para recibir mayores explicaciones sobre el plan. La principal cuestión que desea resolver la directora general de Medio Ambiente europea gira en torno a cómo se pretende evitar que el regadío genere “efectos perjudiciales para la integridad de los espacios protegidos de Doñana de forma duradera”.

El embajador español y receptor de la misiva, Marcos Alonso, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, trasladaron las quejas al responsable competente del Gobierno de la comunidad. Ayer mismo, el consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, se ofreció a explicar personalmente a Europa la iniciativa: “Es una proposición de ley que no habla nunca jamás del acuífero de Doñana, lo salvaguarda ahora y en el futuro”.

Además, el portavoz de la Junta de Andalucía culpó a Teresa Ribera de las críticas, puesto que considera que “no se ha leído” la propuesta y está trasladando una impresión errónea.

El pasado 27 de febrero ya se reunieron las partes implicadas, aunque no se discutió sobre la proposición de ley, sino sobre la cuestión global del Parque Nacional de Doñana.

 

Lo que dice la norma
El documento registrado por el PP en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOPA) certifica que “no representa per se una mayor presión sobre los recursos naturales del entorno”.

El texto incide en que se seguirá aplicando el Plan Especial de Ordenación de los Recursos de la Corona Forestal de Doñana (PEOCFD), cuyo objetivo general es “compatibilizar las oportunidades de desarrollo de este territorio [agricultura y turismo] con la protección de Doñana y el uso racional del agua”.

Además, alegan que las competencias sobre la transferencia de recursos hídricos recaen sobre el Gobierno central. Así pues, derivan responsabilidades al Ministerio de Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, al ser ellos los responsables de autorizar el riego.

Por su parte, Florika Fink-Hooijer insistió en la necesidad de reforzar la inspección y cerrar los pozos ilegales que aún se mantienen en activo. Para ello, aseguró estar dispuesta a brindar ayuda económica a través de la financiación de proyectos gracias al dinero de los fondos europeos.

 

Venancio Sánchez-Cambronero. Jefe de redacción adjunto.

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