España registra el peor mes de enero por violencia de género desde 2006
Coche de la Policía Nacional en servicio. Imagen: Twitter (@policia)
- En los primeros 11 días de enero han asesinado a tres mujeres por violencia de género y se investiga un cuarto caso como delito doloso
- La fiscalía de Violencia sobre la Mujer ha ordenado que los fiscales delegados soliciten medidas cautelares aunque las víctimas no lo pidan
En los primeros nueve días del 2023, tres mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, según datos del Ministerio de Igualdad. Los feminicidos tuvieron lugar el pasado 7 de enero en dos municipios de las provincias de Cádiz y Ciudad Real, y el último asesinato tuvo lugar el 9 de enero en un municipio de Tenerife. Los datos, en lo que ha transcurrido de enero, igualan al número de víctimas por violencia de género de enero de 2016 y 2012, sólo situándose por detrás de las cifras de 2006.
Este enero es el peor en número de asesinatos por violencia de género desde 2006, cuando mataron a 6 mujeres. Hasta el momento, con la confirmación de los últimos tres casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 1.185 desde 2003, cuando se comenzó a recabar datos. La cifra de menores de edad huérfanos por violencia de género asciende a cinco en 2023, por lo que ya son 382 desde 2013.
Los asesinatos de Piedrabuena (Ciudad Real) y El Puerto de Santa María (Cádiz) fueron cometidos por las parejas de las víctimas, mientras que el crímen de Adeje (Tenerife) tuvo lugar a manos de la expareja. En este último, uno de los hijos de la mujer fue agredido por el presunto asesino cuando intentaba defender a su madre.
El 8 de enero, una cuarta mujer, de 44 años, fue estrangulada por un hombre con el que había mantenido relaciones sexuales la noche anterior en Roquetas de Mar (Almería). “El presunto homicida y su víctima no eran pareja sentimental aunque sí mantenían relaciones sexuales consentidas de forma esporádica”, aseguraron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a EFE. Desde la Subdelegación del Gobierno en Almería aseguran que el hecho se investiga como delito doloso y no como un caso de violencia de género, al no existir ni haber existido una relación sentimental.
Desde el Ministerio de Igualdad, tanto la ministra Irene Montero, como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, trasladaron todo su apoyo a los familiares de las víctimas y solicitaron mayores esfuerzos para llegar a tiempo y evitar más muertes desde las administraciones y la sociedad.
“Algo no estamos haciendo bien como sociedad, todos tenemos que implicarnos en esta causa. Hay que revisar protocolos y mecanismos”, aseguró la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en una entrevista en Radio Televisión Española.
Los datos de tres asesinadas por violencia de género en 2023 y 11 en diciembre 2022 han llevado a las organizaciones feministas que forman parte del Observatorio estatal contra la violencia de género a unirse y solicitar la renovación de los acuerdos políticos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Tachan de “alarma” la situación actual para las mujeres y reivindican su presencia en la toma de decisiones para impulsar medidas que frenen la situación.
Las principales reivindicaciones de las organizaciones feministas se centran en la evaluación continua del Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén), la mejora de la coordinación judicial y policial, mejor formación a los colectivos que interfieren en la valoración del riesgo de las víctimas y el fomento de la sensibilización social.
La fiscal de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, ha ordenado a las fiscalías delegadas de toda España reforzar la protección de víctimas de violencia de género en casos de riesgo. A partir de ahora solicitarán, por ejemplo, la instalación de dispositivos telemáticos de seguimiento para aquellos maltratadores potenciales para los que no se dicten ingresos en prisión provisional.
Asimismo, Peramato reclama que los fiscales soliciten medidas cautelares para reducir el riesgo para las mujeres y los menores víctimas de violencia de género, incluso en el caso de que las víctimas no lo soliciten. La medida pretende reducir los asesinatos por violencia de género pero, sobre todo, proteger a las que ya han denunciado, puesto que siete de los 11 feminicidos de diciembre de 2022 contaban con denuncias previas.
“En relación con el total de denuncias interpuestas, solo se acordó protección en un 13,9 % de los supuestos denunciados. Son datos que, a simple vista, alertan de la escasa protección penal que se dispensa durante la tramitación de los procedimientos por violencia de género”, aseguró Peramato en el oficio que remitió a los fiscales delegados de su área.
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