El Gobierno tramita en 2022 las leyes básicas de la reforma educativa
Pleno del Congreso reunido el pasado jueves. Imagen: Congreso de los Diputados vía Twitter.
- El Congreso aprobó la semana pasada el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario que será aprobada en 2023
- En 2022 se han aprobado también la Ley de Integración de la FP y la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
El Gobierno está a punto de culminar la reforma educativa proyectada para esta legislatura con la aprobación definitiva de la Ley Orgánica del Sistema Universitario que previsiblemente será en los primeros meses de 2023. Esta ley que empezó a gestarse con el anterior ministro de Universidades, Manuel Castells, será la guinda a la reforma educativa llevada a cabo por el Gobierno de coalición.
El proyecto de Ley que fue aprobado por el Congreso se remite ahora al Senado y más tarde volverá a la Cámara Baja para aprobar o rechazar las modificaciones de los senadores. El texto busca acabar con la precariedad que sufren algunos docentes, fomentar la igualdad, congelar las tasas y cambiar el sistema de elección del rector.
La nueva norma también regula los paros estudiantiles, que no podrán realizarse en fechas señaladas para la evaluación, y las universidades deberán aprobar normativas que los amparen. Además determina los porcentajes de representación estudiantil en órganos como el Consejo de Gobierno, el claustro o el consejo de facultad.
Asimismo se prohíbe que los colegios privados no mixtos o segregados se puedan adscribir a universidades públicas y por ende obtener beneficios fiscales. También se recogen medidas para la mejora y fomento de la internacionalización: aumento de la movilidad del estudiantado y del personal universitario; facilidades y libertad a las universidades para la creación de planes conjuntos y alianzas con centros europeos.
Pero la reforma educativa de Sánchez va más allá de las universidades y también se han aprobado otras como la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que entró en vigor el pasado mes de abril.
Entre los cambios que introduce la citada ley está la organización de los cursos por grados en función de la duración, desde la letra A hasta la E, con el objeto de que así los estudiantes obtengan competencias específicas que mejoren la empleabilidad.
Los cursos básicos serán de grupo A, los B ofertarán un módulo completo, el nivel C permitirá la obtención de un certificado profesional y permitirá las prácticas en empresas. La D engloba los actuales ciclos formativos de Formación Profesional Básica y Grados Medio y Superior. La letra E estará reservada a los cursos de especialización para conseguir el título de Máster Profesional.
También se amplía la optatividad integrada en los módulos para adaptarse a la realidad, a las necesidades y a los intereses tanto del estudiante como de las regiones donde se imparta. Además la nueva ley pretende vincular la Formación Profesional y las enseñanzas universitarias para facilitar el intercambio de alumnado para culminar sus estudios.
Asimismo se introduce el perfil del tutor dual de empresa que será quien evalúe el aprendizaje del estudiante en la empresa en la que haga las prácticas, siendo un enlace entre la empresa y el centro educativo. Se podrán contratar docentes especialistas de manera excepcional, trabajadores semejantes a los docentes asociados de la universidad.
Por su parte, La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación fue aprobada en septiembre y derogó la aprobada en junio de 2021. La nueva norma extiende la obligación de firmar contratos indefinidos a los trabajadores en proyectos de investigación financiados por fondos europeos, igualmente, el personal técnico y de gestión pasará a considerarse como parte del personal de investigación.
De esta forma el Gobierno busca aumentar la financiación del sector científico, reducir la precariedad laboral de este y simplificar los trámites y la burocracia. También pretende atraer a aquellos talentos que emigraron y conseguir la igualdad de género entre investigadores.
Junto a estas tres normativas del ámbito educativo y científico está la Lomloe. La Ley Orgánica de Educación aprobada en 2020 busca incrementar las oportunidades de titulación, reforzar la equidad y regular en mayor medida los centros concertados. Las cuatro normas suponen los pilares de la reforma educativa impulsada por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.
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