El Gobierno acelera la ley Trans, la de bienestar animal y la reforma del Código Penal antes de acabar el año
Pedro Sánchez. Imagen: La Moncloa.
- Los asuntos llevaban bloqueados desde el comienzo de la investidura y Unidas Podemos culpa a Sánchez de su demora
- Otras normativas como la ley de vivienda o la derogación de la ley mordaza se aplazan hasta el año que viene
El Ejecutivo pretende dejar zanjados los asuntos relativos a la ley trans, la de bienestar animal o la reforma del Código Penal en las dos semanas restantes antes de fin de año. Los grupos congresistas de PSOE y de Unidas Podemos lograron dar luz verde a estas medidas durante las sesiones de la pasada semana. Todas estas regulaciones corresponden a viejas promesas de la coalición que llevaban bloqueadas incluso años.
Estas decisiones se dan tras los inesperados efectos de la ley del “sí es sí” y las consecuentes rebajas de penas a agresores sexuales. Tras esto, el grupo socialista forzó un parón para garantizar la seguridad jurídica de las normas, y, ahora, los procesos se han retomado con más fuerza.
La ley de bienestar animal, la primera en aprobarse
La contrarreloj por zanjar estos asuntos empezó el pasado lunes 12 de diciembre con la acogida de la ley de bienestar animal, que llevaba en negociaciones desde que fue autorizada el pasado agosto. Esta normativa tiene como objetivo evitar el abandono y enfrenta a cazadores y asociaciones animalistas respecto a la situación de los perros de caza.
Esa misma tarde, tras la materialización de la ley, el PSOE redactó una enmienda para excluir a cualquier animal utilizado en actividades cinegéticas. Esto supuso un enfrentamiento entre socios de gobierno en el que Lilith Verstrynge, secretaria de la Organización de Unidas Podemos, consideró que “el PSOE se pone del lado de los maltratadores, que apalean, torturan y maltratan a los perros. Del lado de las personas que cuelgan galgos o entierran a cachorros en cal viva”. Esto implicó un nuevo retraso para su curso, aunque se espera que su aprobación se dé el próximo 28 de diciembre.
El pacto con ERC sobre el Código Penal
Ese mismo lunes por la tarde, la actividad parlamentaria continuó con un acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para modificar el Código Penal a petición del partido catalán. Este solicitó la derogación del delito de sedición y la introducción de cambios en las penas relacionadas con la malversación.
El punto más polémico es el cambio en las penas dependiendo de la voluntad de lucro personal que tenga el acusado por malversación. Es decir, si no hay ganancia privada, la condena se puede rebajar. Esto beneficiaría a los involucrados en el referéndum catalán celebrado el 1 de octubre de 2017, pues el máximo de sus penas, que era de 12 años, se ve menguado a un límite de cuatro.
La controversia se debe a que la presión para la aprobación de la ley vino dada por los únicos partidos en cuyas filas hay imputados en el caso. Sin embargo, Pilar Alegría, portavoz del PSOE, defendió que “toda prisa es poca cuando estamos hablando de seguir luchando por la transparencia, por la higiene democrática y contra la corrupción”. La propuesta salió adelante el pasado jueves, 15 de diciembre, y se prevé que se haga definitiva el próximo 22 de diciembre.
La ley Trans
Respecto a este decreto las diferencias se mantuvieron hasta la última hora del lunes. Aunque el PSOE no estaba de acuerdo en la totalidad del pacto, se acabó practicando disciplina de voto para acelerar los trámites, pues el anteproyecto fue ya pactado en junio.
El texto del Consejo de Ministros conlleva a la libre autodeterminación de género para las personas trans a partir de los 14 años. La enmienda que propuso el PSOE pretendía eliminar la posibilidad de que los menores de 14 y 15 años pidiesen el cambio de sexo legal sin requerimiento de un aval judicial, el cual sí se precisa a los menores trans de 12 y 13 años.
Finalmente, con el objetivo de acelerar los trámites, sólo los menores trans de 12 y 13 años deberán contar con una garantía de los tribunales. El dictamen también será sometido a sufragio este jueves, 22 de diciembre. Los grupos parlamentarios podrán mantener vivas sus enmiendas hasta este día, cuando se hará la votación final para remitir el texto al Senado.
Las leyes que quedan bloqueadas
Otras muchas emblemáticas promesas del Ejecutivo quedan pendientes, entre ellas la derogación de la ley mordaza y la aprobación de la ley de vivienda.
El atasco en la abolición de la conocida como ley mordaza, que regula cuáles son las competencias de las autoridades para preservar la seguridad pública, fue pactada en el acuerdo de investidura en diciembre de 2019. Sin embargo, PSOE, Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) cuentan con fuerzas policiales bajo su mando y los sindicatos presionan para que no haya cambios en la ley.
Respecto a la ley de vivienda, fue admitida por el Consejo de Ministros hace diez meses, pero sigue sin lograrse un acuerdo parlamentario. Podemos, ERC y EH Bildu siguen presionando para implementar un mecanismo de control de precios de alquiler y limitar los desahucios sin alternativa habitacional.
Se espera que estas leyes sean tramitadas antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Las filas moradas creen que su demora es parte de una estrategia socialista para dar vía libre a la agenda legislativa y que solo aprueban leyes de calado cuando la presión es excesiva, como ha sido el caso de la reforma del Código Penal.
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