Dos nuevas acusaciones dan un giro al Juicio Vaticano contra el cardenal Becciu
Angelo Becciu durante una ceremonia. Imagen: El Vaticano.
- Immacolata Chaouqui y Genoveffa Ciferri son imputadas por colaborar con Alberto Perlasca para dañar la imagen de Becciu
- Las nuevas acusaciones aparecieron la misma semana en la que se ha destapado un intento de soborno al Papa Francisco por parte del cardenal imputado
El juicio del Vaticano por la presunta malversación de fondos, en el que está imputado el cardenal Angelo Becciu, dio un giro el pasado jueves, 1 de diciembre, durante la celebración de la 40º audiencia. Immacolata Chaouqui, extrabajadora de la Santa Sede ya involucrada en otros juicios vaticanos, y Genoveffa Ciferri, amiga de Alberto Perlasca, principal testigo de las acusaciones pasaron a estar involucradas en el suceso. El fiscal del caso recibió pruebas de una serie de mensajes de chat que demuestran que las dos mujeres mantuvieron conversaciones para diseñar la comparecencia de Perlasca.
Esto beneficia al cardenal Angelo Becciu, que se está enfrentando a un proceso judicial por irregularidades sobre las finanzas del Vaticano durante los años que estuvo en la Secretaría del Estado (2011-2018). Las anomalías en los fondos incluyen la compraventa de un edificio en el centro de Londres y una importante suma de dinero destinada para el rescate de una monja secuestrada en 2017. Además, comprenden importantes acciones de blanqueo de capitales, malversación y abuso de poder.
La incorporación de las dos nuevas acusadas llega tras aparecer una grabación de un diálogo entre el Papa Francisco y Becciu, en la que esté último trató de manipular al pontífice para que declarase a su favor. Esta prueba se incorporó a la investigación el pasado jueves 24 de noviembre y colocó a Becciu en la peor de las posiciones.
El piso de Londres como origen de la trama
El inicio de la imputación contra Becciu se remonta a octubre de 2019, cuando la Gendarmería Vaticana, tras una denuncia del Instituto para las Obras de la Religión (OIR) y la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), entró en la Secretaría del Estado y confiscó todos los documentos confidenciales y ordenadores, deteniendo además a cinco personalidades vaticanas.
Al día siguiente, el diario L’Espresso publicó una nota interna de la Gendarmería confirmando que 200 millones de dólares del Óbolo de San Pedro, fondo de donaciones de los fieles del mundo para los pobres, habían sido utilizados para operaciones financieras, especialmente inmobiliarias. Se hizo pública, entonces, una trama de corrupción generalizada que involucró a varias figuras de la Santa Sede.
El punto principal es la compra del edificio número 60 de la avenida Sloane en Londres a través del fondo Athena Capital. La operación fue realizada por Raffaele Mincione, gestor del fondo vaticano, y Alberto Perlasca, mano derecha del cardenal Becciu en ese momento.
Mincione comenzó a cobrar numerosas comisiones, tanto del fondo vaticano como de la inmobiliaria, lo cual generó un conflicto de intereses. El gestor, que había generado importantes ganancias, comenzó a actuar por libre y financió otras actividades con la parte del efectivo compartido con la Santa Sede.
En noviembre de 2018, la Secretaría del Estado vaticano no soportó la situación y se desvinculó de Mincione. Es entonces cuando Gianluigi Torzi pasó a ser el nuevo gestor de la sociedad y del edificio. En este momento se incluyeron en las actuaciones las figuras vaticanas Fabrizio Tirabassi y Enrico Crassus como expertos de confianza, que posteriormente fueron acusados también.
Torzi pasó a tener el control total del edificio y los intereses bajaron. Fue entonces cuando el Vaticano comenzó a tener pérdidas y se produjo un encontronazo entre Perlasca y Torzi, en el que el religioso terminó denunciando al financiero. En este contexto, se comienzan a investigar todos los pagos que salían del Vaticano.
El Vaticano va a juicio
Estos sucesos pusieron al Vaticano en un camino de corrupción, malversación de fondos, fraude y lavado de dinero. Cuando el caso se destapó, comenzó una investigación que finalizó con un informe de 487 páginas con la colaboración de la Gendarmería Vaticana y el promotor de Justicia del Vaticano, el equivalente a la Fiscalía.
Los juicios comenzaron a darse en julio de 2021 e incluyen a los siguientes acusados:
- Angelo Becciu, ex cardenal y Secretario del Estado en el momento de los hechos.
- Mauro Carlino, sacerdote y antiguo secretario de Becciu.
- Alberto Perlasca, exjefe de la oficina administrativa de la Secretaría del Estado.
- Enrico Crasso, economista de referencia de la Secretaría del Estado durante décadas.
- Raffaele Mincione, financiero y colaborador en la compra del edificio de Londres.
- Gianluigi Torzi, financiero y colaborador en la compra del edificio de Londres.
- Fabrizzio Tirabasi, funcionario de la Oficina Administrativa de la Secretaría del Estado.
- Nicola Squillace, abogado implicado en las negociaciones.
- Cecilia Marogna, acompañante de Becciu y acusada de acciones de inteligencia.
Además de los acusados por la malversación de fondos explícita, la justicia también llevó al banquillo a René Brülhart y a Tommaso Di Ruzza, principales responsables de la Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede (AIF). Fueron condenados por descuido con las anomalías, que tuvo como consecuencia la finalización del proceso de liquidación de los créditos de Torzi.
Cuando los juicios comenzaron, Perlasca acusó a Becciu de estar detrás de la trama y se desvinculó totalmente. Con la finalidad de salir ileso, este elaboró también una acusación contra el ex cardenal mediante la filtración de informaciones indiscretas. Las inculpaciones de Perlasca fueron desmentidas por Becciu, quien mostró un asombro y dolor extremos ante la traición de su principal colaborador. Ahora que se sabe que detrás de esas acusaciones están las figuras de Chaouqui y Ciferri, el rumbo del juicio puede cambiar.
El papel de Becciu
La trama del piso de Londres sirvió para destapar una enorme red de malversación de fondos y corrupción. Angelo Becciu se convirtió en la principal figura y la fiscalía calcula que invirtió más de 200 millones de dólares del Óbolo de San Pedro en Athena.
A su vez, Becciu extrajo fondos del Óbolo para asuntos propios como la donación de 100.000 euros a una cooperativa de fabricación de cerveza de Cerdeña, que finalmente resultó ser propiedad de su hermano. Lo mismo ocurrió con otras supuestas donaciones a amigos nuncios en Cuba, Angola y Egipto.
A estas acusaciones se suma la aparición de una nueva acusación desde el juicio celebrado el pasado jueves 24 de noviembre. El punto de partida de la nueva instrucción está ligado a una llamada telefónica entre Becciu y el Papa.
En esta, el cardenal le pide al Papa tres días antes del inicio del juicio que confirme que fue él quien autorizó los pagos por la liberación de una religiosa secuestrada en Malí. Respecto a este punto, es Becciu quien está acusado de realizar pagos con fondos del Óbolo a Cecilia Marogna, propietaria de Logic Humanitarne Dejavnosti D.O.O., una agencia de operaciones de inteligencia.
Esta manipulación de testigos coloca al cardenal Becciu en la peor posición posible, sin embargo, la involucración de Ciferri y Chaouqui, puede dar ventaja al ex cardenal. La próxima audiencia se celebrará el 16 de diciembre y el interrogatorio a las dos mujeres tendrá lugar en el año próximo.
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