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Los okupas del Poder Judicial: el eterno secuestro de la Justicia en España



Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, en el Parlamento
Imagen: Parlamento de Canarias via Flickr

Hace ya casi cuatro años que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano constitucional de gobierno de la Justicia, está en funciones. Su actual composición fue nombrada por el Parlamento en el año 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Algo similar sucede con el Tribunal Constitucional (TC), máximo intérprete de la Constitución en España, que tiene a varios de sus jueces en funciones cuando deberían haber sido renovados en junio de este año, 2022.

Pese a que en política no suele haber nada blanco o negro, en este caso es seguro decir que esta situación se está dando porque el Partido Popular (PP) se niega a renovar. Ya no tienen mayoría absoluta y saben que, si renuevan, su derecha dejaría de ser la fuerza hegemónica en el Poder Judicial. ¿Su solución? Bloquearlo. Y no es la primera vez que ocurre: cada vez que salen del Gobierno, los populares se atrincheran en la Justicia durante unos años, aprovechando el tiempo extra para cubrir vacantes con jueces y magistrados “de los suyos”.

Y no vacantes en tribunales de segunda, no, vacantes en el Tribunal Supremo, por ejemplo, cuya Sala Segunda, la de lo Penal, es la encargada de sentencias de tal importancia que no son recurribles (solo podrían llevarse ante el Tribunal Constitucional interponiendo un recurso de amparo si se han vulnerado derechos fundamentales).

El pasado lunes 10 de octubre, Carlos Lesmes, hasta el momento presidente de ambos órganos, presentó la dimisión con la que llevaba un tiempo amenazando. En la apertura del curso judicial ya advirtió de su intención de renunciar al cargo si el PSOE y su partido de oposición no llegaban a un acuerdo para renovar el Poder Judicial, así que, al no ver ningún avance en el desbloqueo de la institución, el magistrado cumplió lo prometido.

Esta situación no es sino un nuevo incendio en la Justicia española que pone de manifiesto que hasta su figura más importante está harta por la incapacidad de este poder, por su politización y por su control, principalmente, por los dos partidos hegemónicos.

Es evidente que el ultimátum del expresidente no surtió ningún efecto, ya que las negociaciones para nombrar a los dos nuevos magistrados del TC continuaron durante el mes de septiembre sin dar frutos y sin dejar fijadas las fechas de futuros encuentros. PP y PSOE tampoco se lo tomaron demasiado en serio con el CGPJ.

La renovación del CGPJ y del TC en los textos legales
¿Qué dice la Ley? ¿Cómo se tendrían que estar haciendo las cosas de forma que se respetase la constitucionalidad y la soberanía popular?

El artículo 122 de nuestra Constitución establece que los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, más su presidente, tienen un mandato de una duración de cinco años, tras el cual son renovados a partes iguales por el Congreso y el Senado.

En 2013 tuvo lugar una reforma a raíz de la ineficiencia organizativa del órgano. En su Ley Orgánica se aborda la siguiente cuestión, cuanto menos irónica viendo el panorama actual:

“(…) un aspecto crucial de la reforma como es el sistema de designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial se ha diseñado un sistema de elección que (…) atribuya al Congreso y al Senado, como representantes de la soberanía popular, la responsabilidad de la designación de dichos Vocales”.

Esta y las demás numerosas menciones a la soberanía popular en los textos legales de nuestro país empiezan a dejar sabor amargo en la boca cuando se leen. La independencia del Poder Judicial, que es, por cierto, un principio constitucional consagrado en el artículo 117, se ve cada vez más mermada por aquellos que más tendrían que estar protegiéndola. 

¿De qué sirve llenarse la boca con discursos constitucionalistas cuando se está incumpliendo la Constitución? ¿Con qué objetivo se definen como defensores de la democracia cuando son los primeros que atentan contra ella acampando impunemente en uno de los poderes del Estado?

Dicho esto, el CGPJ lleva en funciones casi cuatro años. A principios de 2021, cuando ya estaba fuera de plazo y los populares mantenían su bloqueo, el Parlamento decidió por mayoría retirarle al órgano la capacidad de hacer nombramientos mientras no se renovase. Desde entonces se planteó un nuevo conflicto: las cuantiosas plazas de jueces que se iban quedando vacantes debido a las jubilaciones.

Esta medida buscaba evitar que el PP siguiera obteniendo las ventajas del bloqueo para colocar a jueces afines en tribunales relevantes. Era el momento, la negociación se había forzado. Sin embargo, y pese a varias discusiones, el Partido Popular no se movió en absoluto. 

En lo que sí que hubo avances fue en la renovación del Tribunal Constitucional. Para dar algo de contexto: este Tribunal lo forman 12 magistrados con un mandato de nueve años. Se renueva cada tres años por terceras partes, es decir, de cuatro en cuatro puestos. Un tercio lo nombra el Congreso, otro el Senado y el último se divide por la mitad: dos magistrados escogidos por el Gobierno y los otros dos, por el CGPJ. 

En noviembre de 2021 el Gobierno pactó con la oposición renovar, aunque ya con dos años de retraso, los cuatro puestos que le tocaba elegir al Congreso para el Constitucional (cuyo mandato se extiende hasta noviembre de 2030). Aprovecharon el acuerdo para renovar otros órganos como el defensor del pueblo y el Tribunal de Cuentas, que también habían caducado. 

Para este tercio se nombraron dos magistrados progresistas, Inmaculada Montalbán Huertas y Juan Ramón Sáez Valcárcel, y dos conservadores, Enrique Arnaldo Alcubilla y Concepción Espejel Jorquera.

Sin embargo, no solo fue eso lo que se pactó en aquel momento, aunque eso lo sabemos ahora: el PP acordó con el PSOE en secreto no poner trabas a la renovación del siguiente tercio del Tribunal Constitucional (dos magistrados el Gobierno y otros dos el CGPJ), que con el retraso del anterior se les echaba encima tan solo meses más tarde.

Este acuerdo no fue algo informal en absoluto, sino que se llegó a firmar por escrito. Ambos partidos llegaron incluso a pactar que presentarían una reforma de ley que permitiese al Consejo General, pese a estar en funciones y no poder nombrar plazas hasta su renovación, elegir a sus dos magistrados correspondientes para el Constitucional.

Esto fue hace 11 meses y el bloqueo se mantiene. ¿Qué sucedió entonces? Que Pablo Casado denunció la corrupción de su partido, se eligió como nuevo líder popular a Alberto Núñez Feijóo, y este se negó a cumplir el convenio que su propio partido había firmado porque no era cosa suya.

El Gobierno aprobó de todas formas, y sin el PP, esa reforma que habían planificado, de forma que el Consejo General en funciones pueda nombrar a los dos jueces del Constitucional que le corresponden. Pero ¿los nombrarán? El segundo pleno del CGPJ tuvo lugar a finales de septiembre y terminó sin acuerdos y sin fechas para el tercero. Los vocales conservadores y progresistas ni siquiera llegaron a votar a candidatos concretos, aunque sí que concordaron en que los dos sillones serán ocupados por jueces del Supremo.

Mientras tanto, populares y socialistas dejaron correr el reloj hasta que se cumplió la amenaza de Lesmes, y no les quedó otra que reunirse en la Moncloa el mismo lunes de la dimisión para intentar llegar a una solución. Fueron tres horas de discusión entre los líderes de ambos partidos, que aseguraban acudir “con el ánimo de retomar las conversaciones y renovar el consejo”. Feijóo, entrevistado en Telecinco, aseguró que “lo primero es establecer cuál es el procedimiento (de renovación) y después los nombres”.

Sin embargo, y aunque ambas partes reconocen la gravedad de esta crisis, los choques siguen siendo los mismos: el PP exige cambiar el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, algo a lo que el Ejecutivo se resiste (aunque no niega rotundamente) porque su planteamiento no pasa por esa vía.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que estuvo presente a petición de Sánchez, compareció para informar acerca de la reunión entre ambos líderes. “(La situación) ya era grave antes, en los cuatro años de bloqueo que ha sufrido el CGPJ. Pero, sin duda, la dimisión del señor Lesmes agrava aún más esta profunda crisis en nuestro sistema institucional”, subrayó en la rueda de prensa.

A finales de octubre parecía que los engranajes del acuerdo entre PSOE y PP volvían a movilizarse. El negociador del PP, González Pons, reconoció que ya estaban pactados los 20 vocales del CGPJ. Y entonces, algo más de dos semanas después de la reunión de los líderes que sucedió a la dimisión de Lesmes, España amaneció con noticias de un nuevo obstáculo en el camino a la renovación: el compromiso del Gobierno con la reforma del delito de sedición provocó que el PP diera por suspendidas las negociaciones.

Pese a haber desligado públicamente el asunto del CGPJ de la reforma del Código Penal, la situación pasó de “El pacto está listo”, del presidente del Ejecutivo, a “Que Pedro Sánchez se comprometa por escrito, hoy mismo, a que no va a tocar el delito de sedición en España”, del presidente de la oposición como condición para retomar el diálogo.

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, subrayó que la posición del Gobierno respecto a la sedición no ha cambiado, y que la apuesta por la reforma se mantiene desde el inicio de la legislatura, en enero de 2020. Sólo hacían falta las mayorías parlamentarias para impulsarla. Fueron las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el debate de los Presupuestos, las que pusieron en guardia al PP: “Lo traeremos a esta cámara (el delito de sedición)”. 

Los reproches mutuos continuaron durante días mientras toda esperanza de avance se iba reduciendo a cero. El presidente consideró que a Feijóo le han “temblado las piernas” y el PP aseguró que el pacto será posible, pero “con otro PSOE”. En cualquier caso, los engranajes vuelven a estar parados y una nueva línea roja se interpone en el acuerdo. 

Carlos Lesmes
Uno de los discursos más duros del expresidente del Supremo y del CGPJ fue el que pronunció presentando su renuncia el pasado lunes 10 de octubre.

“Perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no puedo evitar, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad…”, señaló Carlos Lesmes en su declaración. “… Mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable”, subrayó.

Estas palabras procedentes del que hasta hace unos días fue la figura rectora de la Justicia no hacen sino demostrar el nivel de estancamiento al que han llegado las instituciones judiciales en nuestro país. No fue en una, sino en dos ocasiones en las que Lesmes advirtió de su posible dimisión si no se alcanzaban soluciones definitivas a la insostenible situación, con lo cual esto no debería haber cogido a nadie por sorpresa.

Un llamamiento durante el discurso de apertura del Año Judicial a Pedro Sánchez y a Núñez Feijóo, exhortaciones en el mismo sentido del comisario de Justicia de la Unión Europea y, finalmente, un plazo anunciado en el pleno del 29 de septiembre para llegar a un acuerdo, no han dado resultado positivo alguno. Lesmes lo dejó bien claro: no quiere ser cómplice de la parálisis de la justicia.

De esta forma, ha decidido cesar de inmediato en las funciones que le corresponden legalmente según el artículo 588.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El expresidente solicitará volver inmediatamente al servicio activo en la Carrera Judicial y se incorporará a su destino en la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, de forma que esta pueda seguir llevando a cabo los enjuiciamientos con el mínimo imprescindible de integrantes.

Pero ¿qué supone para la ya existente crisis constitucional la dimisión del presidente del órgano de gobierno del Poder Judicial?

En primer lugar, se encontró sobre la mesa la incógnita del relevo al frente del órgano: la sustitución del presidente del Supremo está regulada por ley, pero no se puede decir lo mismo con la del CGPJ. Lesmes, que no quiso dejar ningún cabo suelto, se aseguró de solicitar al Gabinete Técnico del Poder Judicial un informe en el que se examinaran los mecanismos de sustitución de su cargo. 

En el documento se concluyó que quien cogiera las riendas del CGPJ debía ser el vicepresidente del Supremo en funciones, que en el momento era Francisco Marín. El informe subrayó la cualidad conjunta e indisociable de la presidencia de ambos órganos, con lo cual descartó la posibilidad de dos vías diferentes de sustitución (que fue la que se escogió de forma provisional en el caso de la dimisión del predecesor de Lesmes, Carlos Dívar).

Pese al visto bueno de la sala de gobierno del Supremo ante este planteamiento, en el CGPJ no comparten la idea de que la sustitución se haga de manera automática y sin ningún tipo de acto o acuerdo. Sostienen que al presidente tienen que elegirlo los vocales. De hecho, varios del bloque progresista (Álvaro Cuesta, Rafael Mozo, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga y Roser Bach) han forzado la introducción en el pleno de este jueves de un segundo punto en el orden del día para que se valoren y se tomen las «decisiones que legalmente procedan» tras el cese de Lesmes.

Finalmente, la decisión tomada fue la de la bicefalia que se había intentado evitar: aunque el informe estableciera que el presidente de ambos órganos tenía que ser Francisco Marín Castán, terminó siendo nombrado únicamente presidente del Tribunal Supremo. El CGPJ, por su parte, se desvió del camino establecido por Lesmes y designó al progresista Rafael Mozo como «presidente por suplencia».

El único vocal que se opuso al nombramiento de Mozo fue Wenceslao Olea, cercano a Lesmes. Formuló un voto particular argumentando que «solo puede existir un único presidente» y recurrió la decisión al Tribunal Supremo. El recurso sobre la bicefalia será resuelto el próximo 23 de noviembre. 

En segundo lugar, ¿qué consecuencias tendrá en el funcionamiento del CGPJ? En principio ninguna. Según el artículo 600 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Pleno se puede celebrar sin problemas siempre y cuando se constituya válidamente, es decir, con un mínimo de diez vocales y el presidente. De momento esta barrera se supera ampliamente. Eso sí, para que esto funcione Francisco Marín tiene que asumir automáticamente el cargo de presidente, tal y como ha establecido el Gabinete Técnico.

Pero, sin duda, la cuestión principal es cómo afectará la renuncia en la renovación del Tribunal Constitucional. El plazo fijado por Lesmes como última oportunidad para el desbloqueo de las negociaciones ejercía cierta presión para que el asunto se resolviera cuanto antes, pero no dio resultados. Ahora, una vez ya separado del cargo, no hay presión alguna: de hecho, la renovación del Constitucional ha pasado a un segundo plano, sin cambios en las mayorías y con una inmovilidad que no parece que vaya a sorprender a nadie en el futuro próximo.

Las soluciones de Europa: Didier Reynders
Carlos Lesmes no es el único que lleva tiempo presionando para acabar con la situación de parálisis del Poder Judicial: desde la Unión Europea, el comisario de Justicia Didier Reynders también insta a los partidos a acabar con el “preocupante bloqueo” del CGPJ e “inmediatamente después” emprender una reforma del sistema de elección de los vocales para que una parte de los jueces sea elegida directamente por sus compañeros, tal y como defiende el Partido Popular.

Reynders acudió el pasado miércoles 28 de septiembre a España para ejercer de mediador en las negociaciones entre el Ejecutivo y la oposición. Año tras año, el informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea apunta hacia la necesidad de que se renueve el órgano de gobierno de los jueces, pero también subraya la importancia de una reforma en el sistema de elección de sus vocales de forma que los magistrados tengan voz a la hora de escoger a su gobierno. 

Sin embargo, el PSOE no comparte este planteamiento: sostienen que, con la fórmula actual, los jueces “ya eligen a sus candidatos porque elaboran un listado a partir del cual se eligen posteriormente los vocales en las Cortes por una mayoría de tres quintos”. El Partido Popular, por su parte, está del lado de Bruselas.

El Poder Judicial en España, ¿problema estructural?
Hay numerosos estudiosos del Derecho que han criticado la Ley Orgánica 4/2013 desde su aprobación, así como sus modificaciones sustanciales a la estructura y funcionamiento del Consejo General del poder Judicial. “Cada reforma de esta institución desdichada es para peor”, asegura el magistrado y Doctor en Derecho Diego Íñiguez Hernández.

Carlos Dívar, predecesor de Lesmes en la presidencia del Supremo y el CGPJ, terminó obligado a dimitir por irregularidades de gasto, cuestión que esta reforma quiso resolver. Sin embargo, ¿fue realmente este el problema? Una institución no tiene como objetivo gastar poco, sino ser eficaz invirtiendo sus recursos. Básicamente: “el problema del Consejo no eran las irregularidades o el gasto anual, sino su radical ineficacia en el desempeño de su función constitucional”, tal y como subrayó Íñiguez Hernández.

Es evidente que hay una espina que enquista constantemente el Poder Judicial y sus órganos, porque a lo largo de los años se han visto situaciones similares. A finales de los 90, por ejemplo, el presidente Pascual Sala tuvo que disolver el CGPJ por la renuncia de seis vocales que dejaron al órgano sin el mínimo de miembros necesarios para celebrar un pleno (14 en la época). “La aceptación de las dimisiones disuelve de hecho el CGPJ, decisión no prevista constitucional ni legalmente, pero a la que se ha llegado por el retraso en la renovación y el progresivo deterioro de la institución”, se explicó en una noticia de El País publicada en marzo de 1996. Vamos, que todo está escrito.

Ignacio Ruíz Rodríguez, catedrático de Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos, considera que la situación actual es fruto de la politización del Poder Judicial. “Cada uno (de los dos grandes partidos en España) tendría que pensar más en el país y menos en sus intereses partidistas”, subraya. “Llevamos cinco años con esta paralización (…). A mí se me antoja que esto no se va a resolver hasta después de las elecciones, en las que un gobierno que pueda tener mayoría absoluta o apoyos suficientes para ello reforme de una vez el reemplazo de los altos cargos del poder judicial”, añade.

La tradición bipartidista en España parece estar volviendo a recuperar su lugar, lo que podría reproducir el conflicto de forma indefinida o, tal y como asegura el catedrático, resolverlo tras una tradición de crisis. Lo que está claro es que mientras los políticos sigan mirando por sus propios intereses y no por los de la población a la que se supone que representan, ningún avance será de utilidad. 

Por lo tanto, “menos partidismo y más España”.


Lucía Ayuso. Redactora.

«¿La muerte del periodismo? ¡Cuidado! ¡Es la muerte de la democracia!». Arcadi Espada

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