El Gobierno aprueba la ley Trans y LGTBI
Irene Montero, ministra de Igualdad, junto a Isabel Rodríguez, ministra portavoz, en rueda de prensa.
Imagen: Ministerio de Igualdad.
- La norma introduce cambios en relación a los requisitos para la determinación de género de los menores de edad
- Se prohíben las terapias de reconversión sexual y establece un régimen sancionador contra la LGTBIfobia
La ministra de Igualdad, Irene Montero, compareció ayer, 27 de junio, tras la reunión del Consejo de Ministros, para explicar las modificaciones que se han introducido en la aprobación en segunda vuelta del Anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las personas LGTBI.
La ley introduce nuevas modificaciones técnicas respecto a la primera aprobación del anteproyecto que se produjo en junio del año pasado. “Volvemos a situarnos a la vanguardia y como referencia internacional en defensa de los derechos LGTBI y especialmente de las personas Trans”, aseguró Montero en rueda de prensa.
“Reconocemos el derecho a la libre determinación de la identidad de género”, continuó la ministra de Igualdad. Esta cuestión ya causó tensiones en el Gobierno de coalición entre la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad por sus respectivos pensamientos feministas.
El Anteproyecto, que comenzará próximamente los trámites parlamentarios, creará un amplio escudo que protege los derechos de las personas trans. Así lo aseveró la ministra de Igualdad: “El Estado les reconoce el derecho a ser quienes son, sin que medien testigos, sin que medie la hormonación durante dos años y sin un informe médico que diga que son personas enfermas”.
Destaca la posibilidad de que toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años pueda solicitar en el Registro Civil la rectificación registral de la mención relativa al sexo. Asimismo, los menores de entre 14 y 16 años deberán contar con el aval de sus progenitores, mientras los menores de 12 a 14 años requerirán de la autorización de un juez.
Por otro lado, todas aquellas personas migrantes que acrediten la imposibilidad de realizar el cambio registral del sexo en su país de origen podrán solicitar la rectificación en los documentos que se le expidan en España.
El Anteproyecto de ley encomienda a los poderes públicos el fomento del reconocimiento institucional de las personas LGTBI y la puesta en marcha de campañas de sensibilización y divulgación, así como encuestas sobre la realidad de las personas LGTBI. Además, establece un régimen de infracciones y sanciones básico contra la LGTBIfobia que oscila entre los 200 y los 150.000 euros de multa.
La norma prohibirá expresamente las terapias de conversión aunque se cuente con el consentimiento de los propios sujetos o sus representantes legales. Resalta la modificación del Código Civil para reconocer la filiación de los hijos de las mujeres lesbianas y bisexuales pese a que no estén casadas, lo cual es un requisito indispensable hasta ahora. En este sentido, se garantiza que todas las mujeres puedan acceder a las prestaciones relativas a las técnicas de reproducción asistida en condiciones de igualdad.
En lo que respecta a la atención sanitaria a las personas intersexuales, se prohíben las cirugías de modificación genital en personas menores de 12 años, hasta que, por su edad o madurez, puedan prestar su consentimiento. Del mismo modo, permite que la mención del sexo figurado de los bebés intersexuales pueda quedar en blanco hasta un máximo de un año desde la inscripción de nacimiento.
Los colectivos LGTBI celebran los avances
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), la asociación Chrysallis y la Fundación Triángulo afirmaron, en un comunicado, que la norma mantiene intactos los derechos de las personas LGTBI. “Ha sido un proceso muy duro, largo y difícil, pero por fin ya hay un Proyecto de Ley que garantiza la autodeterminación y que aspiramos a ver crecer en el Congreso de los Diputados”, asegura Uge San Gil, presidenta de la FELGTBI+.
Las asociaciones calificaron de “hecho histórico” la aprobación de esta ley y recuerdan que la carestía de una ley trans ya hizo situarse a España del 2º al 12º puesto en el ranking de derechos LGTBI de ILGA-Europa en 2011.
Por su parte, las entidades ya mantienen reuniones con los grupos parlamentarios con el fin de mejorar el texto legislativo durante su trámite parlamentario, especialmente en lo referente a personas no binarias, menores trans y personas migrantes y refugiadas.
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