El Supremo reitera al Ministerio de Justicia el colapso de una de sus salas

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Parte exterior del Tribunal Supremo, Madrid. Imagen: Flickr.

• La Sala de lo Contencioso-Administrativo pide por tercera vez a la ministra Pilar Llop que se tomen medidas para frenar los “mínimos legales” y “la extraordinaria carga de trabajo”
• La situación actual procede del cúmulo de recursos interpuestos por empresarios al Gobierno por las medidas en respuesta al COVID-19, por las que piden que se les indemnice

El Tribunal Supremo volvió a reclamar, por tercera vez y con unanimidad, medidas para evitar el colapso de la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, al Ministerio de Justicia dirigido por Pilar Llop. Esto se debe a las vacantes de esta Sala que ahora se agravan después de dos jubilaciones y un aumento de las reclamaciones por las medidas para contener la pandemia.

La Sala Tercera es la encargada de los asuntos relacionados con el Gobierno y las vacantes ya serían 8 de las 33 plazas que hay. Esto supone que trabaje bajo mínimos ya que cada sección que la compone debe contar con al menos cinco magistrados. Además, en el escrito al Gobierno se destaca la “extraordinaria carga de trabajo”.

Este paso de los magistrados se da después de no obtener la respuesta esperada de la ministra a las dos reclamaciones anteriores: El 31 de enero le enviaron un escrito con una serie de medidas para mejorar la situación y el 22 de febrero la cúpula del Tribunal se reunió con la ministra para explicarle las medidas una a una.

Ante esto, Llop explicó la imposibilidad de algunas de las propuestas por el bloqueo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde 2018. También admitió que el Gobierno tendrá que implementar algunas de estas.

Varios miembros del Ejecutivo ya expresaron su intención de aprobar una reforma legislativa para el Supremo tal y como este reclama. No obstante, esta última reclamación de la Sala Tercera avisa de tomar medidas por su cuenta si sus reclamaciones no llegan. Además, piden que se esclarezca aún más las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según el escrito del Tribunal, un número elevado de empresarios reclaman a la Sala de lo Contencioso “que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado” por las medidas que el Ejecutivo aplicó para contener la crisis sanitaria del coronavirus desde marzo de 2020 (tales como los cierres de locales y la reducción de aforos obligada después del confinamiento).

Las reclamaciones de los empresarios llegaron al Supremo después de que el Gobierno rechazara indemnizarlos por ello, a lo que estos impugnaron el rechazo.

¿Qué pide el Supremo al Gobierno?
1- Impulso de una reforma legislativa para evitar contradicciones en las sentencias de los distintos juzgados con las resoluciones futuras del Tribunal Supremo (a través de una modificación en la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

2- Que se permita dar una respuesta más rápida y ágil ante la llegada de muchas reclamaciones del mismo tipo, como pasa en la actualidad con los recursos interpuestos relativos a las medidas de contención de la pandemia, para evitar el “colapso” del Supremo.

3- Respecto a esto último (los recursos interpuestos al Gobierno por las medidas COVID), el Tribunal solicita al Ministerio de Justicia que refuerce el equipo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con una nueva secretaría y más funcionarios para agilizar los trámites.

 

Ismael Castaño. Redactor.

“Nuestras convicciones más arraigadas, más indubitables, son las más sospechosas. Ellas constituyen nuestro límite, nuestros confines, nuestra prisión”. José Ortega y Gasset

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