El PP lleva a siete empresas a Anticorrupción por contratos irregulares con el Gobierno durante la pandemia

Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Serrano en la reunión del PP de Madrid. Imagen: @ppasamblea via Instagram

• Acusan a las empresas de estar vinculadas con el entorno de Pedro Sánchez, del exministro Salvador Illa y de la vicepresidenta primera Nadia Calviño
• El coste total de los contratos se sitúa en los 326 millones de euros

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció el pasado 10 de marzo que su Grupo Parlamentario llevaría ante la Fiscalía Anticorrupción los contratos de emergencia de compra de material sanitario formalizados entre el Gobierno y siete empresas durante la pandemia.

▶️ @IdiazAyuso anuncia que @PPAsamblea llevará ante la Fiscalía Anticorrupción contratos de compra de material sanitario con al menos siete empresas por parte del Gobierno de España. #PlenoAsamblea pic.twitter.com/STnNPJlk43

— PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) March 10, 2022

En el escrito presentado el 10 de marzo en Anticorrupción, el Grupo Parlamentario Popular (GPP) denunció los hechos y pidió a la Fiscalía que realizase pesquisas con el objetivo de determinar si se podría haber incurrido en delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios o malversación de fondos públicos.

El PP denuncia sobreprecio y una mala elección de las empresas
Algunas de las operaciones sobre las que los populares plantean sospechas de sobreprecio son las realizadas con la empresa Member of the Tribe SLU, a la que se adjudicaron dos contratos de emergencia por un valor total de 9,44 millones.

El más importante, de 5,5 millones, consistió en el suministro de 52 millones de guantes de nitrilo de tallas variadas. Según lo denunciado por el Partido Popular, el precio que Sanidad pagó por el producto fue “mucho mayor” de lo que ofrecían en esas fechas otros proveedores.

Además, “se administraron mascarillas por un valor de entre un 25 % y un 500 % por encima de las adjudicaciones anteriores en un mismo momento”, explicó la presidenta Díaz Ayuso en su comparecencia en el pleno de la Asamblea.

Otro caso que se pone en cuestión desde el PP es el encargo del Ministerio de Sanidad a Weihai Textile Group Import & Export Co. Ltd. en marzo de 2020 de medio millón de batas desechables por un total de unos 10,2 millones de euros. Realizadas las comparaciones con otros contratos, los populares consideran que el precio de este pedido fue entre 52 y 60 veces mayor a los precios del mercado en esas fechas. 

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Popular denuncia que las empresas contratadas no tenían experiencia en el suministro de productos sanitarios. De hecho, el objeto social de muchas de ellas no se correspondía con los productos solicitados por el Ministerio de Sanidad.

Entre estos encargos se encuentran los encomendados a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., una empresa inscrita en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNA) como prestataria de “servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico”. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana encargó a esta firma en marzo de 2020 13 millones de mascarillas por 36,7 millones de euros.

La denuncia también alcanza a la empresa FCS Select Products SL, a la que Sanidad compró 508 millones de mascarillas, 10 millones de pares de guantes de nitrilo y 150 mil gafas de protección. Sin embargo, el PP señala que esta compañía orientaba su actividad a fabricar artículos de marketing para empresas de bebidas de alta gama.

El contraataque de Ayuso al PSOE
En la denuncia que el PSOE formuló contra Ayuso el pasado 18 de febrero en Anticorrupción por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos formulaba un reproche hacia la empresa de la que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, cobró las comisiones: “¿Cómo había logrado, en tan breve tiempo desde el estallido de la crisis, redirigir su actividad mercantil y lograr tan importante contrato de suministro de productos sanitarios, tan escasos en dichos momentos?”.

Esta vez, Ayuso ha contraatacado afirmando que utilizarán “los mismos argumentos” que los socialistas usaron el mes pasado. “Donde pone PP, pondrá PSOE”, anunció la presidenta.

“El hecho de que se hayan podido adjudicar contratos sin comprobarse la idoneidad de los contratistas, con apariencia de haber primado la existencia de relaciones familiares o de amistad, supone un quebranto a ese principio de confianza de los ciudadanos en una honesta gestión de lo público. Y si esas acciones suponen además la adjudicación de contratos a pesar de establecerse precios muy por encima de los de mercado, y se producen incumplimientos en la entrega de los suministros, especialmente cuando ha habido adelanto del pago, sin duda el perjuicio es mucho mayor (…)”, reprocha el PP en el escrito que ha presentado ante Anticorrupción. 

El pasado 28 de marzo acudió Alfonso Serrano, portavoz del GPP, junto con Muñoz Abrines, portavoz adjunto, a la Fiscalía Anticorrupción para ampliar la denuncia que presentaron el día 10. Aportaron más pruebas como, por ejemplo, las cuentas de la empresa supuestamente vinculada con el marido de Nadia Calviño. Los populares explicaron que estas cuentas “reflejan la existencia de una pérdida patrimonial y una posible deuda con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria, dos hechos (…) que inhabilitan a cualquier empresa para ser contratada por la Administración General del Estado”.

Las empresas con las que el Ministerio de Sanidad formalizó estos contratos son Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A., un contrato por valor de 532.400 euros; Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S.L., dos acuerdos por 40.179.355 euros; cuatro contratos con FCS Select Products S.L, por valor de 263.126.600; un contrato a Weihai Textile Group, por 10.192.606 euros; dos acuerdos con Members of the Tribe S.L., por valor de 9.444.000 euros; un contrato con Hyperin Grupo Empresarial, por 3.310.000 euros. En total, 326.784.961 euros.

 

Lucía Ayuso. Redactora.

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