Las investigaciones sobre el rey Juan Carlos I quedan archivadas por la Fiscalía
El rey Juan Carlos I anunciando su abdicación en 2014. Imagen: La Casa Real.
- El fiscal ha admitido que el Borbón cometió numerosas irregularidades fiscales, que podrían haber llevado al blanqueo de capitales
- Aun así, el Ministerio Público no abrirá una querella debido a que los delitos están prescritos o no son perseguibles por la inviolabilidad del antiguo jefe de Estado
La Fiscalía de Anticorrupción ha decidido poner fin a las tres investigaciones que había abiertas sobre el patrimonio del rey emérito Juan Carlos I. El fiscal ha determinado que no hay indicios suficientes para interponer una querella contra el que fuera jefe de Estado. Los principales motivos para ello son la prescripción de los delitos, la regularización fiscal y la inviolabilidad de la que gozaba cuando era rey.
El cerco judicial sobre Juan Carlos comenzó en junio de 2020 con el presunto cobro de comisiones ilegales relacionadas con las obras del AVE a La Meca. En el año 2008, la empresa panameña Lucum recibió en una cuenta suiza 64,8 millones de euros directamente desde Arabia Saudí. El por aquel entonces rey Juan Carlos I era el verdadero titular, según la Fiscalía.
La cuenta se mantuvo abierta entre 2008 y 2012 y el fiscal ha asegurado que la cantidad defraudada en cada año “supera con creces” los 120.000 € del umbral del delito fiscal. Las irregularidades entre 2008 y 2011 estarían prescritas; mientras que las del año 2012 se cometieron cuando Juan Carlos era rey, por lo que era inviolable ante la ley.
Además, el Ministerio Público afirma que no ha encontrado ninguna vinculación entre el ingreso de los 64,8 millones de euros de la fundación Lucum y la adjudicación de las obras del AVE de La Meca.
Por lo tanto, según el fiscal Alejandro Luzón se trataría de un “regalo en consideración de la condición de jefe de Estado” que recibió Juan Carlos. Si esto fuera verdad, según Luzón, el ahora rey emérito podría haber cometido un delito de cohecho o hasta de blanqueo de capitales.
Si bien el ministerio no ha podido vincular los 64,8 millones de la cuenta de Lucum al rey Juan Carlos I, el fiscal sí tiene pruebas de otra de las investigaciones hasta ahora abiertas. En este caso, el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause habría proporcionado hasta 516.606 €, que no fueron declarados, a Nicolás Murga Mendoza, coronel del Aire e íntimo amigo de Juan Carlos, entre 2016 y 2019.
La Fiscalía ha considerado estas transferencias como donaciones y ha aceptado las regularizaciones fiscales que el abogado del rey emérito presentó entre diciembre de 2020 y febrero de 2021.
La tercera y última de las investigaciones que se ha cerrado sobre el rey Juan Carlos I está relacionada con un paraíso fiscal de la ciudad de Jersey. El Ministerio Público ha confirmado la existencia de un trust (un patrimonio separado de la persona, para que sea administrado) con unos fondos de 14,9 millones de euros en 2004. Dicho trust (JRM 2004) estaba constituido por Joaquín Romero Maura, consejero del emérito.
Según el fiscal, el dinero provenía de otros dos trusts creados en Jersey por Manuel Jaime de Prado y Colón de Carvajal, amigos del monarca. Alejandro Luzón también da por hecho que el objetivo de esos fondos era “apoyar al entonces rey en caso de que fuera depuesto por un golpe constitucional”. Sin embargo, debido a la falta de documentación de estos trusts no existen indicios que vinculen a JRM 2004 con Juan Carlos de Borbón.
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