España cierra fronteras al fracking

Perforadora en una explotación de fracking 

El fracking o fractura hidráulica es una práctica invasiva que consiste en inyectar grandes cantidades de agua a presión en la tierra. Esto provoca una ruptura en las rocas que permite la extracción del gas que está almacenado en bolsas en los materiales líticos.

España es uno de los países que mostraron mayor interés en practicar el fracking. Sin embargo, tras seis años sin fijar una postura firme, en 2021 el Gobierno aprobó la Ley de cambio climático y transición energética. En ella se especifica que desde su entrada en vigor (20 de mayo) quedaban prohibidas las explotaciones que empleasen esta práctica para la obtención de combustibles fósiles.

 

La calidad del agua en tela de juicio
Uno de los principales problemas que plantea la fracturación hidráulica es la contaminación del agua. Un recurso que por definición es escaso.

El proceso de extracción moviliza cantidades ingentes de agua. Como recoge un informe de Greenpeace, se necesitan entre 9.000 y 29.000 metros cúbicos de agua para poder llevar a cabo las operaciones en un solo pozo, lo que equivale a entre tres y nueve piscinas olímpicas, aproximadamente.

Las empresas encargadas de llevar a cabo estas intervenciones defienden la posibilidad de la reutilización del agua empleada. Sin embargo, la realidad es otra completamente distinta. Los productos químicos añadidos durante el proceso tienden a contaminar el agua debido a las deficiencias de los pozos. A esto se le suman las filtraciones de sustancias a través del subsuelo.

Del agua empleada en las prácticas de fracking, solo se recupera entre un 15 % y un 80 % del agua que regresa a la superficie. El resto del líquido permanece bajo tierra, lo que supone un riesgo aún mayor para los sustratos, ya que, debido a la fracturación de las rocas, se han disuelto metales pesados, hidrocarburos y elementos radiactivos.

 

El fracking amenaza los ecosistemas
Además del agua, la atmósfera también sufre las consecuencias del fracking. De los pozos de evaporación se desprende benceno, un gas cancerígeno usado en la fabricación de pesticidas, detergentes y explosivos, entre otros.

Las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de las fugas de gas en pozos y tuberías son, a su vez, un perjuicio añadido. Estos proceden de las operaciones de extracción en la fracturación hidráulica, “sobre todo los escapes de metano, gas cuyo efecto invernadero supera entre 20 y 25 veces al del dióxido de carbono”, como comenta Rafael Martínez Rodríguez, profesor e investigador del departamento de geología de la Universidad de Jaén.

Sin embargo, tal y como apunta Martínez Rodríguez, lo más preocupante no es la emisión de gases de efecto invernadero, sino la emisión de hidratos de metano liberados al taladrar el suelo: “Estos se desprenden debido a la descongelación de los polos y del permafrost (capas de suelo permanentemente congeladas)”. Los gases se encuentran contenidos en el hielo y al descongelarse, se emiten en grandes cantidades. Todo ello se debe al calentamiento global.

Asimismo, apunta que “las emanaciones de metano liberadas de los clatratos por culpa del calentamiento del agua de los fondos oceánicos” son otro de los riesgos a los que se expone el medio a causa del fracking.

La contaminación acústica, aunque en menor medida, también supone un impacto medioambiental, tanto para la población como para la fauna, en las inmediaciones de los puntos de extracción. Por último, cabe destacar que este tipo de extracciones aumenta el riesgo de terremotos a causa de a la sismicidad inducida.

 

España dice “no” al fracking
España se convirtió en un destino atractivo para las empresas dedicadas a la práctica del fracking, en su mayoría americanas y canadienses. Las investigaciones apuntaron a la existencia de posibles reservas de hidrocarburos no convencionales en el subsuelo de la península. Se estimó que, especialmente en la cuenca vasco-cantábrica, existían reservas de gas para abastecer el consumo nacional durante 70 años.

En aras de la popularidad que estaba cobrando el fracking más allá de las fronteras estadounidenses y, teniendo en cuenta la postura ambigua del Gobierno español, comunidades como Cantabria aprobaron la Ley 1/2013 para prohibir la práctica de la fractura hidráulica en su territorio. A ella se sumaron otras autonomías como La Rioja con la Ley 7/2013 o Navarra con la Ley Foral 30/2013.

En 2015 la Comisión Europea consultó a los 28 miembros (27 actualmente tras la salida de Gran Bretaña en enero de 2020) acerca de su postura sobre el fracking.

La pregunta era “¿Planea otorgar autorizaciones para la exploración o producción de hidrocarburos que puedan requerir el uso de fractura hidráulica de gran volumen?”. 11 países se mostraron a favor de estas prácticas, entre ellos España.

Aunque las autonomías mostraron su claro rechazo, desde 2015 han sido numerosos los proyectos que se han planteado para explotar los recursos fósiles no convencionales del país. País Vasco, La Rioja, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Andalucía y Aragón fueron los puntos seleccionados para materializar las modificaciones en el terreno.

Al igual que ocurrió en la Unión Europea (UE), las posturas no fueron, ni son, unánimes. Desde la Administración Central, dirigida entonces por el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, apostaron por la implementación del fracking en España. Sin embargo, desde las Comunidades Autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos continuaron con su discurso en contra.

Teniendo en cuenta todos los impedimentos que los gobiernos autonómicos pusieron a la fractura hidráulica y, sumado al desplome de los precios del gas y del petróleo, las empresas asentadas en España comenzaron su partida. Antes de salir del país crearon un grupo de presión conocido como Shale Gas España integrado por BNK y lR2 Energy (canadienses), Heyco y San Leon (norteamericanas) y la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA, española).

Tras todos estos años y con la fuga de las empresas “profracking”, el Gobierno aprobó en 2021 la Ley de cambio climático y transición energética. En ella se prohíben las explotaciones que utilicen la fractura hidráulica para extraer materiales fósiles. 

 

Estados Unidos crea tendencia
Desde el descubrimiento del fracking, Estados Unidos se convirtió en el bastión de esta práctica. Durante las más de siete décadas que Norteamérica lleva aplicando la fracturación hidráulica han conseguido aumentar la producción de hidrocarburos del país y eliminar costes de transportes, ya que la mayor parte de los combustibles fósiles proceden de Arabia Saudí, Rusia o Irán, entre otros. Además, han logrado reducir la dependencia exterior, ya que son prácticamente autosuficientes energéticamente. 

A pesar de ser una de las potencias mundiales en fracking, EE. UU. también chocó con la oposición de expertos, activistas y ciudadanos a la práctica de la fractura hidráulica. Estados como Nueva Jersey, Nueva York o Pensilvania paralizaron temporalmente las explotaciones. Por su parte, el estado de Vermont aprobó en 2012 una prohibición firme al fracking.

La fracturación hidráulica no podría haberse visto tan favorecida en Estados Unidos de no ser por el apoyo incondicional de algunos gobiernos. Bush Jr., entre el año 2000 y 2008, derogó numerosas leyes medioambientales para dar vía libre a las empresas trasnacionales de la energía. 

 

La “fracturación” de los expertos
Pese a que la técnica de fracturación hidráulica es una práctica completamente consolidada en países como Estados Unidos, donde lleva aplicándose industrialmente desde 1949, las posturas de los científicos no son firmes respecto al fracking. 

Si se habla de España, la técnica de extracción “no está exenta de complicaciones”, afirmaba Rafael Martínez Rodríguez. Estas dificultades deben ser estudiadas minuciosamente y con rigor. 

Es necesario tener en cuenta la legislación vigente, tanto europea como nacional, y estudiar los riesgos derivados de la creación de pozos. Es importante recalcar que estas investigaciones deben llevarse a cabo en cada punto geográfico, esto se debe a la distinta formación del terreno.

“El debate social en torno a la fracturación hidráulica se realiza muchas veces sobre asertos basados en información algunas veces no fidedigna, con falta de estudios científicos rigurosos”, comentaba el profesor e investigador de la Universidad de Jaén.

Por todo ello, es necesario que los estados lleven a cabo una política de transparencia respecto a estos temas. El debate no debe de limitarse a un ámbito profesional y encorsetado a los dueños de los terrenos. La población debe conocer en qué consisten los métodos de extracción y sus consecuencias.

 

Marina García. Jefa de redes sociales e imagen corporativa y redactora.

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